30.000€ de indemnización a una pareja italiana que compró un bebé en Rusia falseando sus datos

En febrero de 2010, una pareja italiana contrataron a través de una sociedad rusa una gestación por sustitución (vientre de alquiler). En junio del mismo año, a la “madre portadora” le implantaron embriones que supuestamente eran del matrimonio. El 27 de febrero, el bebé nacía en un hospital en Moscú y la madre gestante afirmaba en un escrito que los padres del pequeño era el matrimonio italiano, dando el consentimiento para que el bebé se inscribiera como hijo de ellos. Sin embargo, los demandantes no explicaron en el certificado que el niño había nacido a través de gestación por sustitución.

Se hicieron los papeleos correspondientes en el Consulado italiano de Moscú para poder llevar al bebé a Italia pero, dos meses después, el Consulado declaraba que los documentos sobre el menor contenían datos falsos. Debido a la alteración del estado civil, la falsedad y la infracción de la ley, se inició un procedimiento penal en la que la Fiscalía instó a que se abriera un proceso de adopción del bebé puesto que era un menor en situación de abandono (conforme a la ley del país).

Las versiones dadas por la mujer italiana eran contradictorias: primero dijo ser la verdadera madre, pero posteriormente reconoció haber hecho correr el rumor de que estaba embarazada cuando se encontró a una madre portadora. Después, declaró que el óvulo utilizado era de donación anónima pero que el esperma sí que era de su marido. Durante el procedimiento, se demostró a través de pruebas de ADN que el menor no tenía ninguna vinculación genética de ninguno de los supuestos padres italianos.

Tras esto, el tribunal decidió acceder a las peticiones de la Fiscalía al descubrir que el único dato que no fue falso en los citados documentos fue la identidad de la madre portadora, que renunció al bebé. Considerándolo bebé en abandono, se decidió alejar al niño del matrimonio. El menor se entregó a una familia de acogida en el año 2013.

A principios de 2015, el caso dio un giro cuando la pareja lo expone ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y éste les ampara. El tribunal, en su sentencia, considera que se violó el artículo 8 de la Convención Europa de Derechos Humanos, debido a que no se respetaron los intereses de los demandantes, los intereses del menor e intereses legales, llevando a cabo una medida extrema que perjudicaba a ambas partes. Por ello, acuerda una indemnización de 30.000€ para el matrimonio debido al vínculo construido con el niño durante los primeros seis meses de su nacimiento, considerándose fundamental el vínculo familiar generado.

 

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