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6 Sentencias que afectan a la Custodia Compartida en España

Según se extiende el recurso a este régimen para establecer el tiempo que pasan los padres divorciados o separados con sus hijos menores, se producen nuevas sentencias que crean jurisprudencia y se aprueban y entran en vigor nuevas normas que afectan las condiciones en las que se puede aplicar. Repasamos hoy algunas de las últimas novedades que afectan a la aplicación de la custodia compartida en España.

En 2013 el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 29 de abril de 2013, señaló que la redacción del artículo 92 del Código Civil estableció que se trataba del modelo “normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”.

Ya a partir del año 2010 diversas comunidades autónomas como Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña habían comenzado a incorporar la custodia compartida en sus regulaciones favoreciendo la aplicación de este sistema. La última en hacerlo fue el País Vasco, cuya ley entró en vigor en 2015.

Exponemos ahora algunas de las novedades más recientes derivadas de diferentes sentencias del Tribunal Supremo y otros tribunales:

  1. Es necesario probar y justificar la conveniencia de dicho modelo en cada caso. Los criterios establecidos en la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2013 han de estar basados en hechos y pruebas concretos, tal y como indicó en su Sentencia 515/2015, de 15 de octubre de 2014: “La obligación de los padres es no solo interesar este sistema de guarda, bajo el principio de contradicción, sino concretar la forma y contenido de su ejercicio a través de un plan contradictorio ajustado a las necesidades y disponibilidad de las partes implicadas que integre con hechos y pruebas los distintos criterios y la ventajas que va a tener para los hijos una vez producida la crisis de la pareja, lo que no tiene que ver únicamente con la permanencia o no de los hijos en un domicilio estable, sino con otros aspectos referidos a la toma de decisiones sobre su educación, salud, educación y cuidado; deberes referentes a la guarda y custodia, periodos de convivencia con cada progenitor; relación y comunicación con ellos y régimen de relaciones con sus hermanos, abuelos u otros parientes y personas allegadas”. Asimismo el mismo tribunal matizó en su sentencia 96/2015, de 16 de febrero, que “para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo” de los progenitores.
  2. La guarda y custodia compartida solo puede establecerse cuando la solicite al menos uno de los progenitores. El Tribunal Supremo en su sentencia 400/2016, de 15 de junio de 2016, anulaba el régimen de custodia compartida de una menor concedido a su padre y su madre porque ninguno de los dos lo había solicitado. Ordena, además, a la Audiencia Provincial de Vizcaya, que dictó la sentencia que establecía el régimen de custodia compartida, que pronuncie nueva sentencia en los “estrictos términos” en que se planteó el debate “que no incluía decidir sobre la guarda y custodia compartida”. El Tribunal Supremo se remite a la doctrina de su sentencia de 19 de abril de 2012 en la que indicaba que los dos supuestos que recoge el artículo 92 del Código Civil para que pueda acordarse la guardia y custodia compartida, parten de un mismo “requisito esencial para acordar este régimen”: “la petición de uno, al menos de los progenitores: si la piden ambos, se aplicará el párrafo quinto, y si la pide uno solo y el juez considera que, a la vista de los informes exigidos en el párrafo octavo, resulta conveniente para el interés del niño, podrá establecerse este sistema de guarda”, aunque el Código Civil “exige siempre la petición de al menos uno de los progenitores, sin la cual no podrá acordarse”. Asimismo, indicaba que “si bien es cierto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 del Código Civil, el Juez debe tomar las medidas que considere más convenientes en relación a los hijos, en el sistema del Código Civil para acordar la guarda y custodia compartida debe concurrir esta petición”.
  3. La custodia compartida y la pensión de alimentos. El Tribunal Supremo ha declarado expresamente en su sentencia 55/2016, de 11 de febrero de 2016 que la guarda y custodia compartida no exime del pago de la pensión de alimentos si existe desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges.
  4. La violencia de género y la custodia compartida. Durante este año se han dictado dos sentencias relevantes en relación con este tema. Por un lado, la sentencia número 153/2016 de 9 de marzo de 2016 de la Audiencia Provincial de Cantabria revocaba la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santander que había otorgado la custodia compartida de sus hijos a un hombre condenado por un delito de malos tratos. Además, la sentencia acordaba que: “pese al informe psicosocial” procedía “atribuir la guarda y custodia sobre los hijos menores a la madre”. Padres-discusión-divorcioUn padre condenado por violencia de género no puede ejercer la custodia compartida de sus hijos. La condena por este delito le aparta necesariamente del entorno familiar y de la comunicación con la madre, haciendo imposible que desarrolle adecuadamente su función parental en interés de los hijos y, por tanto, que ejerza la custodia compartida. No obstante, en su sentencia 251/2016 de 13 de abril de 2016 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo establecía que, a los efectos del artículo 90.3 del Código Civil, la absolución penal del delito de maltrato denunciado por uno de los cónyuges respecto del otro es un cambio significativo de circunstancias que debe valorarse ante una petición de custodia compartida de los hijos. De este modo, el tribunal estimaba la petición de un hombre que reclamó la custodia compartida de su hija tras ser absuelto por la vía penal de la denuncia de malos tratos y amenazas que interpuesta por su pareja contra él.
  5. La distancia entre los domicilios de los progenitores como elemento determinante para el establecimiento de la custodia compartida. La doctrina indica que la distancia entre domicilios se ha de tener en cuenta para no atribuir la guarda y custodia compartida sólo cuando pueda perjudicar al interés del menor por residir los progenitores en municipios lejanos, si, por ejemplo, dicha distancia pudiese afectar a sus periodos de sueño por los desplazamientos que deba realizar para ir al colegio o a la propia escolarización. El Tribunal Supremo, en la sentencia 115/2016, de 1 de marzo de 2016, se ha pronunciado sobre este tema al denegar a un padre la custodia compartida de su hijo menor de edad, debido a la distancia entre su domicilio en Cádiz y el de la madre, con la que el menor convive, en Granada.
  6. La atribución de la custodia compartida impide el uso exclusivo de la vivienda familiar por uno de los progenitores. El pasado mes de julio diferentes medios se hacían eco de una sentencia (de la que no se conocían más datos) en la que el Tribunal Supremo habría fijado un plazo de un año para que la madre de una menor encuentre una vivienda dándole “un tiempo suficiente que va a permitirle buscar una nueva, como hizo el esposo, para atender las necesidades de la hija durante los periodos de efectiva guarda”. El alto tribunal consideraba que el acuerdo de divorcio vigente era “absolutamente contradictorio” puesto que decía, primero, proteger el derecho del cotitular de la vivienda a disfrutar de ella, pero después establecía un límite a ese derecho de uso que remitía a la mayoría de edad de la hija. El uso de la vivienda conyugal debiera adjudicarse de manera temporal y en función del interés familiar más necesitado de protección. Dicha protección, además, no debiera pasar por adjudicar el uso de un inmueble concreto, sino por garantizar al menor el derecho a una vivienda digna.

 

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