El desamparo de Alejandro Altisent: otro caso de sustracción de menores por parte de sus madres

Según el Instituto Nacional de Estadística, los matrimonios celebrados en España donde al menos uno de los cónyuges era extranjero aumentaron en un 23% durante la primera mitad de 2011. En el pasado 2013 fueron casi uno de cuatro matrimonios. Por ello, no es raro pensar que si la pareja se rompe teniendo hijos, alguno de los progenitores decida volver a su país de origen y quiera llevar consigo a su hijo. Y muchas veces se hace sin consentimiento del otro progenitor.

Esto fue lo que le pasó a Alejandro Altisent –de nacionalidad española, madrileño, pero residente en Holanda– a quien su mujer decidió volver a Kenia –su país de origen– a principios de este mes llevando consigo a su hijo Marcelo de seis meses (éste último nacido en Guadalajara). No fue hasta diez días después del secuestro en que Alejandro recibe un correo electrónico de su mujer en el que no se habla del bebé. El matrimonio –que estaba en trámites de divorcio– terminó convirtiendo el proceso en una conflictiva separación, involucrando a tres países en el transcurso: España, Holanda y Kenia.

Como los hechos no se habían dado en España, era muy poco probable encontrar alguna solución a través de este país. Sin embargo, aunque consiga una sentencia favorable en Holanda, Kenia podría no acatar la decisión por no ser parte de la Convención Internacional de La Haya ni estar suscrita en el convenio sobre sustracción internacional de menores. El caso hubiera tenido un desenlace muy diferente si hubiera sido al revés: si Alejandro hubiese secuestrado al bebé en España: esta conducta está penada tanto en Holanda y España por formar parte de dicha convención internacional.

Este desamparo judicial vivido por Alejandro no es el primero. A raíz de varios casos anteriores, se creó la Asociación para la Recuperación de Niños Sacados de su País, quien consiguió que la legislación española considerase un delito la sustracción de menores (anteriormente era sólo una falta). Con todo, el camino legal para los padres en estas circunstancias suelen ser complicados y no siempre tienen garantizada la recuperación de sus hijos.

Alejandro, frustrado por las pocas salidas judiciales que se vislumbraban en el caso, decidió iniciar una campaña a través de Change.org para reducir la repetición de este tipo de delitos.

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