¿Qué es la sustracción interparental internacional de menores?

Hoy queremos analizar este tipo de hecho, que supone la comisión de un delito y que los flujos migratorios de ida y vuelta en España a raíz de la crisis económica han hecho más frecuente de lo que solía, al haberse formado y roto posteriormente más parejas en las que los cónyuges procedían de diferentes países.

Las parejas se separan o divorcian y alguno de los cónyuges regresa a su país, en algunos casos se lleva con él a los hijos menores sin el consentimiento del otro cónyuge y sin tener su guarda y custodia. La sustracción de un menor por parte de uno de sus progenitores es un delito y se complica aún más cuando el menor es trasladado a otro país.

La Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores tenía como objetivo establecer una respuesta penal clara y prever medidas cautelares en el ámbito civil para tratar de evitar la sustracción o retención ilícita de menores.

El artículo 225 bis del Código Penal establece una pena de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad de cuatro a diez años para los progenitores que, sin causa justificada para ello, sustraigan a un hijo menor de edad.

Dicho artículo considera sustracción:

  1. El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
  2. La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.

También establece el traslado del menor fuera de España como circunstancia agravante de la pena que se pueda imponer.

Hay dos normas internacionales que son de aplicación en estos casos:

  1. Por un lado, el Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 1980 (BOE 24, Agosto, 1987), que establece que si un niño menor de 16 años es trasladado de su residencia habitual a otro país, violando un derecho de custodia atribuido a una persona o a una institución, el menor debe regresar al Estado de residencia habitual, siendo el competente para decidir sobre su guardia y custodia el Juez de dicho Estado. Si uno de los progenitores solo tiene atribuido un derecho de visita, el Convenio exigirá que el padre o la madre que se ha trasladado con el menor respete dicho derecho.
  2. Por otro también es aplicable el llamado Convenio de Luxemburgo, del Consejo de Europa sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores y restablecimiento de dicha custodia, de 20 de mayo de 1980. (BOE 1, Septiembre, 1984), que permite que una sentencia dictada en un Estado parte pueda ser reconocida y ejecutada en el Estado donde un niño ha sido trasladado ilícitamente, o en el que se niega el desarrollo del derecho de visita. Este Convenio permite que el reconocimiento y ejecución se lleven a cabo con mayor rapidez y sin las formalidades que se exigen en el procedimiento general.

Secuestro Menores 02Resolver estos procesos requiere realizar muchas gestiones en ambos países, hacer la denuncia oportuna, solicitar la localización del otro cónyuge y del menor sustraído, interponer las reclamaciones judiciales necesarias y hacer un seguimiento del proceso en ambos países. En despachos como Patón y Asociados tratamos de ayudar a esos padres en la recuperación de sus hijos para lo que contamos con un equipo especializado en este tipo de casos y una red de 42 delegados internacionales en 29 países de todo el mundo que ayudan a nuestros clientes a acortar plazos, ahorrar desplazamientos innecesarios y costes añadidos, aportando, además, el conocimiento de la legislación y los procedimientos locales y convirtiéndose muchas veces en mediadores y punto de contacto con el otro progenitor. A la hora de resolver estos procesos, esa es, quizá, la parte más importante, que permite llegar a un acuerdo para recuperar cuanto antes al menor sustraído de manera que pueda volver con quien tenga su guarda y custodia.

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